Noticias del barrio de Floresta

INTRODUCCION: La Cooperativa la Alameda y la Unión de Trabajadores Costureros eleva un nuevo informe a la Justicia Federal y organismos del Poder Ejecutivo sobre utilización de talleres clandestinos por parte de grandes marcas. El informe trata de un relevamiento realizado en el último trimestre sobre la base de denuncias de costureros que han sido víctimas de condiciones laborales denigrantes en dichos talleres, vecinos e incluso talleristas que pidieron reserva de identidad.

Además de entregarlo a las autoridades mencionadas, de las cuales esperamos que den parte a la justicia, se dará copia a todos los medios de comunicación a fin de que la sociedad conozca y fiscalice que el Estado castigue a los responsables por acción u omisión de las violaciones a la ley 12.713 (régimen de trabajo a domicilio por cuenta ajena), ley de migraciones, convenio colectivo de los obreros del vestido, reducción a la servidumbre y trata de personas y a la vez garantice asistencia adecuada y planes de reinserción laboral a las víctimas de estos talleres.

Ya son de público conocimiento las condiciones laborales comunes en los talleres clandestinos, a saber, extensas jornadas de trabajo, pago a destajo y por prenda, reclutamiento mediante engaños, superexplotaciòn abusando del altísimo nivel de vulnerabilidad social de los costureros y sus familias; situaciones de semiencierro; exposiciòn a afecciones pulmonares como la tuberculosis, alimentaciòn precaria y situaciones de intimidaciòn bajo diversas formas.

ENCUADRE LEGAL: Como ocurrió en los casos de Lacar, Montagne, Graciela Naum o Kosiuko seguramente las firmas aquí denunciadas argumentarán que desconocían las condiciones en que trabajan los talleres donde mandan a confeccionar sus prendas y que los mismos no pertenecen a la firma. Error. La ley 12.713 de régimen de trabajo a domicilio por cuenta ajena establece taxativamente la corresponsabilidad de empresarios, intermediarios y talleristas en la cadena de elaboración de la indumentaria.

Las marcas no pueden desentenderse de las condiciones laborales en que se elaboran sus prendas y tienen la obligación de verificar que en dichos talleres se cumpla con la normativa laboral vigente.

El Art. 4. de la 12.713 es muy claro al respecto: « Los empresarios, los intermediarios y los talleristas que contraten un trabajo a domicilio, son responsables solidariamente: a) Del pago de los salarios fijados por las comisiones respectivas. Esta responsabilidad para el empresario, cuando el trabajo se ha contratado por un intermediario o tallerista, sólo alcanza hasta el importe de dos meses de remuneración, o hasta el valor de un trabajo determinado, cuando su ejecución ocupe un plazo mayor; b) De los accidentes del trabajo, y de las condiciones en que éste se realice, excepto cuando el trabajo se ejecuta o cuando el accidente ocurra en el domicilio privado del obrero; c) De las obligaciones establecidas en el artículo 32 de esta ley. Los intermediarios y talleristas son considerados como obreros a domicilio con relación a las dadores del trabajo y como patronos sujetos a las obligaciones que les impone esta ley y las reglamentaciones que se dicten a quienes encarguen la ejecución del trabajo» Los artículos 35 y 36 de la ley 12.713 son violados en la abrumadora mayoría de los talleres relevados y en ambos se establecen penas específicas que involucran tanto a fabricantes como a intermediarios y talleristas, los cuales son responsables solidariamente como se establece en el artículo 4to. Art. 35.

El empresario, intermediario o tallerista que por violencia, intimidación, dádiva o promesa, realice actos que importen abonar salarios menores que los que se establezcan de acuerdo a los procedimientos que estatuye la presente ley, tendrá prisión de seis meses a dos años". "Art. 36.- El empresario, intermediario o tallerista, que con el fin de eludir el pago de los salarios o abonar menor retribución de la establecida, destruya en todo o en parte o adultere cualquiera de los registros o documentos establecidos en esta ley, como integrantes del sistema de contralor del trabajo a domicilio, será penado con prisión de seis meses a dos años".

Tambièn se viola en muchos casos los artículos 116,117, 120 y 121 de la ley 25.871 de migraciones que establecen: "ARTICULO 116. - Será reprimido con prisión o reclusión de uno (1) a seis (6) años el que realizare, promoviere o facilitare el tráfico ilegal de personas desde, en tránsito o con destino a la República Argentina. Se entenderá por tráfico ilegal de personas, la acción de realizar, promover o facilitar el cruce ilegal de personas, por los límites fronterizos nacionales con el fin de obtener directa o indirectamente un beneficio".

ARTICULO 117. - Será reprimido con prisión o reclusión de uno (1) a seis (6) años el que promoviere o facilitare la permanencia ilegal de extranjeros en el Territorio de la República Argentina con el fin de obtener directa o indirectamente un beneficio". La ley de Migraciones (25.871) contempla formas agravadas de estos tipos delictivos cuando determina que:

ARTICULO 120. - Las penas descriptas en el presente capítulo se agravarán de tres (3) a diez (10) años cuando se verifiquen algunas de las siguientes circunstancias: a) Si se hiciere de ello una actividad habitual; b) Interviniere en el hecho un funcionario o empleado público en ejercicio o en ocasión de sus funciones o con abuso de su cargo. En este caso se impondrá también inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos.

ARTICULO 121. - Las penas establecidas en el artículo anterior se agravarán de cinco (5) a quince (15) años cuando se hubiere puesto en peligro la vida, la salud o la integridad de los migrantes o cuando la víctima sea menor de edad; y de ocho (8) a veinte (20) años cuando el tráfico de personas se hubiere efectuado con el objeto de cometer actos de terrorismo, actividades de narcotráfico, lavado de dinero o prostitución.

ESTAFA A LOS TRABAJADORES, AL ESTADO Y A LOS CONSUMIDORES: El presente informe detalla ejemplos concretos de utilización de talleres clandestinos por parte de 18 grandes marcas de indumentaria (que se agregan a las más de 50 ya denunciadas) que cometen una triple estafa: a) Estafa a los trabajadores que no se les paga lo que indica el convenio colectivo de trabajo y no se le hacen los aportes sociales correspondientes. b) Estafa al Estado por evasión fiscal y previsional c) Estafa a los consumidores a quienes se les cobra precios astronómicos por prendas que confeccionan los costureros a precios irrisorios.

Varias de las marcas ya denunciadas ante la justicia y las que aqui se detallan son responsables del aumento del 11,6 % en los precios de la indumentaria en las últimas semanas siendo uno de los rubros que más incidió en el nivel de inflación. El aumento de precios de la indumentaria no debe ser tolerado ni por el Gobierno Nacional ni por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. La industria de la indumentaria mantiene ocultos sus costos de producción. La mano de obra que se emplea en la industria de la indumentaria está mayoritariamente en negro y una enorme cantidad de los obreros que utiliza están sometidos a un régimen de esclavitud proveniente de la trata de personas con fines de explotación laboral.

Permitir el aumento de precios en estas condiciones significa no sólo aumentar las ganancias a expensas de los trabajadores en negro y esclavizados sino además legitimar una verdadera estafa a los consumidores y al fisco. El art. 42 de la Constitución Nacional obliga a las autoridades de los Gobiernos Nacional y de la Ciudad de Buenos Aires a la protección de los intereses económicos de los consumidores y a la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados.

Esa obligación de protección de los intereses económicos de los consumidores será letra muerta si se toleran aumentos injustificados de esta naturaleza que afectan el poder de compra de los consumidores que en su mayoría son personas asalariadas. La Ley de Abastecimiento (20.680) prevé en su art. 4 severas sanciones para los que elevaren artificial o injustificadamente los precios en forma que no responda proporcionalmente a los aumentos de los costos, u obtuvieren ganancias abusivas.

Esto significa que el Gobierno nacional tiene la herramienta jurídica para impedir este abuso. El Gobierno de la Ciudad tiene la obligación de colaborar con el Gobierno Nacional ya que garantiza la defensa de los consumidores y usuarios de bienes y servicios, en su relación de consumo, contra la distorsión de los mercados y el control de los monopolios que los afecten y ejerce el poder de policía en materia de consumo de todos los bienes y servicios comercializados en la Ciudad (art. 46 de la Constitución porteña).

También tiene el mandato constitucional de cooperar con las autoridades federales (art. 2 de la Carta porteña). Es decir que el Gobierno Nacional y el de la Ciudad de Buenos Aires no pueden permanecer de brazos cruzados frente a este nuevo atropello de los empresarios de la industria de la indumentaria. Los aumentos deben ser anulados y las decenas de firmas denunciadas penalmente deben ser intimadas por el Estado a que informen con qué talleres confeccionan sus prendas y trasparenten su estructura de costos ante la sociedad. Y en los casos donde de dicha información se derive ocultamiento de la información o condiciones denigrantes de trabajo, el Estado debe elevar la denuncia ante la justicia como ocurrió recientemente en el caso Kosiuko.

Gustavo Vera
Presidente de la Cooperativa la Alameda
vocero Unión de Trabajadores Costureros